Por: Industria Licorera de Caldas
Fecha de publicación: 27/07/2023
Respecto a las informaciones que se han conocido en las últimas horas en redes sociales sobre la suspensión de la distribución y venta del Aguardiente Amarillo de Manzanares 24° en el departamento de Cundinamarca, la Industria Licorera de Caldas (ILC) hace las siguientes aclaraciones a la opinión pública:
Para la venta de licores en los diferentes departamentos del país, se requiere un permiso por parte de los gobernadores, quienes lo pueden otorgar por un término de 10 años, prorrogables.
Estos permisos, no podrán ser discriminatorios, ni podrán generar barreras de acceso ni restricciones arbitrarias al libre comercio ni al principio de libre competencia, de acuerdo con la ley de licores (L.1816/2016), es decir, se aplicarán de manera general para todos las empresas que pretendan ingresar aguardientes a sus territorios.
El departamento de Cundinamarca otorgó este permiso a la ILC en el año 2017 y posteriormente lo adicionó en 2019, incluyendo en el permiso, el Aguardiente Amarillo de Manzanares de 24°.
El pasado 6 de junio de 2023 el Departamento de Cundinamarca mediante acto administrativo revocó el permiso otorgado a la ILC para el ingreso y venta del producto Aguardiente Amarillo de Manzanares 24°, dentro del territorio de Cundinamarca, de manera arbitraria, pues no se siguió el procedimiento de ley para tal fin, afectando el derecho al debido proceso de la ILC, al no haber solicitado el permiso escrito y expreso para la cancelación del permiso. Adicionalmente tampoco se otorgaron los recursos de reposición y de apelación, para poder controvertir esta medida.
Aparte del aspecto legal y normativo, esta decisión generará una disminución de importantes recursos que por ley deben ser destinados a la salud y educación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cundinamarca, teniendo en cuenta que por la venta de Aguardiente Amarillo de Manzanares 24° entre 2019 y 2022, la ILC le transfirió cerca de $35.626.000.000 millones a este Departamento a través del impuesto al consumo y derechos de explotación.
Para 2023 el impacto negativo es mayor, ya que en esta vigencia la Industria Licorera de Caldas tenía proyectado transferir a Cundinamarca $71.885.000.000 por impuesto al consumo del Aguardiente Amarillo de Manzanares 24°, más $1.100.000.000 por derechos de explotación, para un total de $72.985.000.000, de acuerdo con un estimado de ventas de 5 millones de unidades reducidas a 750 ml.
El Aguardiente Amarillo de Manzanares es el pionero de los aguardientes en Colombia desde su creación en 1885 y en los últimos años se ha convertido en el preferido de muchos colombianos por su sabor, tradición, presentación, entre otros atributos. Consideramos que contar con un ambiente de sana competencia ayuda a revitalizar la categoría del aguardiente en Colombia que por años presentó una importante caída en su consumo, y por ende genera desarrollo e innovación en las empresas licoreras, beneficiando a los consumidores de la que se considera como la bebida insignia del país, así como también la generación de empleos directos e indirectos en los diferentes canales y establecimientos de consumo en el territorio de Cundinamarca y Bogotá DC, toda vez que para atender este mercado se han realizado inversiones en mercadeo alrededor de $8.000.000.000, sin contar con las que corresponden a la ampliación de capacidades y modernización de nuestra planta de producción.
De otra parte, la lucha de muchos años contra la ilegalidad en los licores en esta región del país también sufriría un importante golpe, ya que podría aumentar la adulteración y contrabando, poniendo en riesgo la salud de la población y afectando las finanzas del Departamento de Cundinamarca.
La ILC se encuentra analizando todas las acciones legales a que haya lugar en contra de esta decisión que consideramos arbitraria, pues los efectos de la misma conllevan a que no pueda ser distribuido ni vendido el Aguardiente Amarillo de Manzanares 24° en el territorio de Cundinamarca, privando a nuestros clientes y consumidores de adquirir este gran producto, pues no se concibe que en pleno siglo XXI, donde priman la libre competencia y la ausencia de discriminación y restricción en el mercado, se tomen este tipo de medidas sin priorizar el beneficio para el desarrollo del territorio y de las comunidades, sino los intereses individuales y selectivos.
