Por: Comisión de la Verdad
Fecha de publicación: 01/08/2022
Ofrecemos a continuación, en primer término las conclusiones, y el texto completo de los Relatos territoriales sobre el conflicto armado en Colombia correspondientes al Eje Cafetero, documento consignado en el informe final Hay futuro si hay verdad que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, ponen a consideración de los colombianos.
El equipo de investigación del Eje Cafetero estuvo compuesto por Michelle Mojica Noreña, Miguel Ángel Gómez Bermeo, Óscar Fernando Martínez Herrera, Adriana Villegas Botero, Esteban Gallego González:
La invisibilización es una característica del conflicto armado en el Eje cafetero. Aunque ha sido constante en la agenda pública institucional y política la referencia a este territorio como un «remanso de paz» con incidencias menores del conflicto armado, en Caldas, Quindío y Risaralda se vivió una temprana violencia bipartidista, con alto número de masacres y repertorios de violencia, y desde finales de los años setenta diversos grupos guerrilleros y paramilitares operaron en varias subregiones, causando picos históricos de homicidios, secuestros y desplazamientos forzados, con alto impacto sobre las comunidades campesinas e indígenas.
Esta invisibilización puede abordarse desde tres posibles escenarios: como una estrategia de élites económicas y políticas regionales interesadas en seguir constituyendo espacios de poder a través de zonas grises que permitan configurar dinámicas asociadas entre lo legal e ilegal; como mecanismo de disuasión intencional de actores ilegales –como el narcotráfico– con el objeto de poder constituir un control territorial sin mucha vigilancia e interferencia de algunas instituciones; o como una estrategia política de actores legales que quieren sostener el imaginario sólido de una institucionalidad fuerte y un ethos cultural asociado al civismo, la prosperidad y el desarrollo como expresión representativa.
Así mismo, se identifican silencios intencionales que omiten estructuralmente ciertas características de lo sucedido en el conflicto para defender intereses particulares anclados a la ilegalidad; silencios naturales que se relacionan con una sociedad que le dio la espalda al reconocimiento de la magnitud y dimensión de la guerra, naturalizando así una invisibilización recurrente de la presencia de la violencia del conflicto armado en la región, y silencios adaptativos, derivados de actores diversos, que reconocen o niegan el conflicto armado en la región de acuerdo con los intereses coyunturales.
El silencio en el marco del conflicto armado en el Eje cafetero fue una expresión de supervivencia para muchos y un repertorio de la guerra para mimetizarse y permanecer de muchas formas en el territorio. En contraste con estos silencios, emergen en diversos sectores formas de resistencia que nombran lo que para otras voces es innombrable y visibilizan desde la acción política, social, comunitaria, cultural y académica el conflicto armado, con sus impactos y afectaciones diferenciadas, como comprensión necesaria para construir paz territorial.
Las comunidades indígenas Embera Chamí y Embera Katío que habitan en el Eje cafetero han sido víctimas de despojos territoriales, reclutamiento forzado por parte de grupos guerrilleros y paramilitares, persecución y estigmatización por parte de la fuerza pública y múltiples repertorios de violencia que se evidencian en las masacres, el asesinato de sus principales autoridades comunitarias, el homicidio y la desaparición forzada de numerosos habitantes de los resguardos. Los líderes indígenas explican la violencia ejercida contra su pueblo en términos de «genocidio silencioso» 527. Dentro de la invisibilización general del conflicto armado en el Eje cafetero, el proceso de invisibilización de la violencia contra las comunidades indígenas ha sido aún más radical. Reconocer la violencia y sus víctimas es el primer paso para transformar las realidades y hacer de esta región un verdadero remanso de paz. Promover el reconocimiento de la diversidad cultural y política y la compresión de los otros, aliados u opositores, como ciudadanos y no como enemigos, es necesario para avanzar en el proceso de construcción de paz.
La violencia sufrida en el Eje cafetero está relacionada con dinámicas de violencias desbordadas desde otras regiones del país, como Antioquia, Chocó, Magdalena Medio, Tolima y Valle, que penetraron en este territorio por sus fronteras y vértices. Los Pájaros que desde Caicedonia y Sevilla llegaron al Quindío, las guerrillas liberales del sur del Tolima que entraron a la zona cordillerana, las tropas del EPL que descendieron desde el Chocó para asentarse en el occidente de Risaralda y Caldas, el Clan Isaza que operó desde el Magdalena Medio hasta municipios cafeteros, los frentes 9, 47 y Aurelio Rodríguez de las FARC-EP, que se desplazaron desde Antioquia hasta Caldas y Risaralda, y las violencias generadas por el narcotráfico del norte del Valle que impactaron en Quindío y Risaralda son ejemplos de actores armados que convirtieron este territorio en escenario del conflicto armado, aunque sus orígenes desbordan los límites geográficos. No obstante, dado el reducido tamaño de este territorio, estas violencias no fueron marginales o circunscritas a territorios limítrofes: diez de las once subregiones del Eje cafetero tienen fronteras con otros departamentos y esta característica geográfica explica el fuerte impacto del conflicto en todo el territorio cafetero a partir de los años noventa.
La violencia bipartidista de los años cincuenta tiene algunas características que se repiten en los escenarios de violencia de finales del siglo XX: la ubicación de los grupos armados ilegales se concentra principalmente, aunque no de manera exclusiva, en las áreas geográficas limítrofes; hay repertorios de violencia reiterados, como las desapariciones forzadas, el arrojar cuerpos a ríos como el Cauca y el Magdalena y algunas prácticas de tortura y sevicia que coinciden con lo que la antropóloga María Victoria Uribe denominó como «matar, rematar y contramatar» 528. Entre los comandantes bandoleros, guerrilleros y paramilitares hay personas que a su vez fueron desplazadas o padecieron la violencia armada en su infancia o en su historia familiar, de tal manera que las víctimas se convierten en victimarios.
Desde su fundación en 1927, la Federación de Cafeteros, una organización de naturaleza mixta, se convirtió en la presencia del Estado en las comunidades rurales del Eje cafetero, con inversiones en infraestructura y vías, entre otros sectores, que la llevaron a mediados del siglo XX a convertirse en el grupo económico más sólido del país. La fortaleza de la Federación le garantizó a los caficultores la compra de sus cosechas y precios de sustentación durante décadas, ventajas que no tuvieron otros mercados agropecuarios nacionales.
Esa presencia institucional permanente, la tenencia de la tierra dividida en pequeños minifundios y las inversiones en infraestructura rural sirvieron como contención del campesinado frente a la amenaza de grupos armados y retrasaron la presencia de guerrilla y paramilitares en el Eje cafetero. No obstante, el colapso generado a partir del fin del pacto de cuotas en la Organización Internacional del Café en 1989 derrumbó los precios internacionales del café y generó una fuerte contracción de la presencia de la Federación de Cafeteros, lo cual se recibió en la región como una retirada del Estado. La violencia que se desató en los años noventa en los municipios cafeteros y la entrada de cultivos ilícitos a partir de 1995 puso en evidencia que la existencia de pequeños propietarios de tierra no garantizó por sí sola la de estabilidad económica y social en la región, que había gozado de una relativa prosperidad gracias a la presencia estatal y la regulación del mercado cafetero.
El contrabando de café y otros productos se convirtió desde comienzos del siglo XX en una práctica ilegal extendida en el Eje cafetero y generó permisividad social ante ciertas dinámicas criminales. Esta relación liminal entre legalidad e ilegalidad actuó como facilitador de la entrada del narcotráfico a los departamentos de Risaralda y Quindío, y, en menor medida, a Caldas. En distintos sectores sociales se normalizaron y naturalizaron «zonas grises» de interacción entre actores armados, cívicos y políticos a través de alianzas y acuerdos que dinamizan la economía local. El narcotráfico es un fenómeno que excede el tráfico ilegal de estupefacientes: dinamiza sectores formales de la economía legal de la región y, al mismo tiempo, involucra la financiación de ejércitos armados al margen de la ley que realizan control social y territorial y generan olas de violencia. Si bien los índices de victimización han descendido después de 2010, en el territorio persisten violencias ejercidas por grupos de alcance regional, como La Cordillera, que se financian con el narcotráfico.
Resolver el problema del narcotráfico es fundamental para consolidar la paz en la región. Para ello, es necesaria una estrategia estatal de diálogos y procesos de sometimiento con todos los actores ilegales violentos que aún continúan en los territorios, así como procesos de investigación institucional que aclaren los entramados sociales, económicos y políticos que a través de la corrupción garantizan ese modelo de acumulación de riqueza mafioso y transitar hacia un modelo de regulación y desarme del narcotráfico que rompa con el prohibicionismo y trate el consumo como un problema de salud pública. Todo esto debe estar acompañado por medidas para renovar la productividad de la región, diversificar la economía e incluir la mayor parte de la población en los circuitos de riqueza y bienestar.
Los miembros de organizaciones sociales, académicos, líderes y víctimas, entre otros actores sociales, insisten en que los conflictos territoriales no resueltos relacionados con megaminería, monocultivos y turismo rural masivo o ligado a lavado de activos, así como la persistente estigmatización y persecución a líderes sociales y grupos de oposición, son factores de persistencia de la violencia asociada a la propiedad, el uso y el acceso a la tierra. Durante años se consideró que la estructura de pequeños y medianos propietarios de fincas cafeteras blindaba al territorio de amenazas violentas y ofrecía garantías de estabilidad social y económica. La violencia bandolera evidenció que la tranquilidad que se vivía en las ciudades intermedias no llegaba hasta el campo, en un territorio que guarda relación directa entre los umbrales de economías legales e ilegales y el entramado del conflicto armado. Con la crisis cafetera de 1989, la pauperización y la violencia armada se desataron en municipios caficultores, con los repertorios y consecuencias descritos en este volumen. La sostenibilidad social de los proyectos económicos que se desarrollen en las montañas y valles de Caldas, Quindío y Risaralda, así como en las ciudades del Eje cafetero, estará directamente ligada a la sostenibilidad de una paz estable y duradera para este territorio.
527 Informe 262-CI-00390, Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), «El genocidio silencioso del puebo Embera Chamí de Caldas».
528 Uribe, «Matar, rematar y contramatar», 27-203.
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